Curiosamente, esta semana política no estuvo determinada como las últimas por el Referendo Reeleccionista (aunque es un debate permanente, más que el país depende de la decisión de la Corte Constitucional como hace cuatro años para saber si habrá presidente-candidato). Sin embargo el gobierno fue el protagonista de la noticia en la semana. El DAS, al mejor estilo y movido como si se tratara de la liquidación de una empresa que está en quiebra, será suprimido por el Presidente de la República en uso de la atribución del art 189 de la Constitución en su numeral 15 que permite al Presidente "suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley." Entonces, ese proceso de supresión de "la empresa quebrada" en cuestión debe hacerse mediante un proyecto de ley que presentará el director de la entidad "en vía de extinción", Felipe Muñoz, ante el Senado. El proyecto buscará que el Congreso otorgue atribuciones especiales al Presidente para liquidar la entidad y crear un nuevo organismo de inteligencia.
Esa crisis del DAS pues no es otra cosa que el gran escándalo provocado por la realización por parte de esta entidad de interceptaciones ilegales a personajes de la rama judicial y miembros de la oposición. Además se suma otros hechos que demuestran que el tema 'oscuro' del DAS es más histórico. Se atrubuye que este tipo de interceptaciones se hacían en otros gobierno, como en el de Andrés Pastrana, particularmente al asesinado periodista Jaime Garzón. Y no olvidar que ahora Miguel Maza, director de la entidad a finales de los 80's, está detenido porque se le implica de tener responsabilidad en la muerte de Galán. Muchas dudas e inquietudes sobre la conveniencia de la medida. Y una muy importante: ¿qué tan magnifica puede ser esa nueva entidad que creará el gobierno si se aprueba el proyecto de ley sobre el tema? Que tal resulte peor la cura que la enfermedad...
Y las noticias producidas por las iniciativas gubernamentales no paran ahí. "Gracias" a la reforma política aprovada hace unos meses (inicitiva del gobierno), se calcula que más de 2000 políticos, entre nacionales y regionales, cambiaron de partido político sin ningún tipo de sanción.
La reforma modificó a la Constitución en varios articulos, entre ellos el art. 107, estableciendo que "Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.". Pero a reglón seguido pone un parágrafo transitorio que establece que "Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia."
Eso estableció el famoso 'transfuguismo', el que permitió el cambio de partido a varios 'padres de la patria', donde la más cuantiosa e importante fue hecha por 12 de los 35 mimbros de la bancada de Cambio Radical, 10 de ellos para La U, partido que además recibió 10 congresistas más provenientes de otros partidos (definitivamente este fue el gran ganador por este tema). Claro, es una dicisión a la medida del gobierno, para que su coalición de gobierno no se fracture por completo, pues ahora el Radical no apoya a Uribe en su aspiración de permanecer en la Presidencia pues Germán Vargas Lleras tiene sus intereses allí. Definitivamente el gran perdedor es el régimen y disciplina de bancadas pues evidentemente se retrocede en el camino a fortalecer partidos politicos en Colombia, conseguido con la Reforma del 2003.
Por su parte, la situación internacional de la región en temas militares fue de gran relevancia. El consejo de seguridad de Unasur sesionó esta semana para debatir los acuerdos militares y de armamento firmados por Colombia, Venezuela y Brasil con las grandes potencias mundiales en esta materia. El acuerdo final de la sesión fue que no hubo acuerdo: Colombia no está dispuesto a presentar y explicar el acuerdo con EEUU para establecer 7 bases en territorio colombiano "pues se requiere de la autorización del gobierno norteamericano", como defendió Gabriel Silva, Mindefensa colombiano. A su vez Venezuela continuó defendiendo se derecho a gastar un presupuesto impresionante en prevenir y garantizar la seguridad ante intentos de invasión. Una verdadera guerra verbal (con un gran peligro de transender de ella) siguen siendo las relaciones de Colombia con sus vecinos.
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